Un gran número de los trabajadores del Diario La Prensa, unos 116 colaboradores, cuyas instalaciones continúan allanadas por la policía de Ortega, quedará sin empleo, así lo anunció la junta directiva del rotativo en un comunicado, en el que responsabiliza por el recorte a la administración sandinista y sus ataques al derecho de trabajar y brindar información contra este periódico crítico a su manera de gobernar.

Ortega acusa a la administración del rotativo, por medio del Ministerio Público, de cometer supuesto “lavado de dinero y defraudación aduanera” al medio escrito con 95 años de informar a la población nicaragüense.

Ante el caso, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, lamentó los despidos y condenó la persecución bajo la que vive el medio de comunicación.

“No sólo han realizado actos de intimidación, de hostigamiento, sino también embargos y secuestros al material informativo, tales como papel de impresión, tinta y demás insumos, para la realización e impresión del Diario La Prensa en Nicaragua”, subrayó Braulio Abarca, defensor de Derechos Humanos del Colectivo DDHH.

Abarca señala que la detención del gerente general del rotativo es arbitraria, transgrediendo una vez más los Derechos Humanos y las libertades de los colaboradores, periodistas y directivos de La Prensa. El organismo suma a su denuncia la crítica situación que atraviesan los reos de conciencia, entre ellos hombres y mujeres de prensa, que por alzar su voz en demanda de democracia o expresar su disposición de cambiar el rumbo dictatorial que lleva el país, permanecen privados de su libertad.

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“Siendo víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de torturas, de violencia física y psicológica en su contra y esto ha sido denunciado, no solamente por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino también por el Meseni”, expresó Abarca.

Desde 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha confiscado, vía manu militari, el canal 100% Noticias de Miguel Mora y Lucia Pineda Ubau, las redacciones de Confidencial y Esta semana, de Carlos Fernando Chamorro; ha impuesto exuberantes multas a través de la DGI a Canal 10, Canal 12 y mantiene una campaña de desprestigio y criminalización contra plataformas digitales que continúan denunciando los abusos de poder, la corrupción y las severas violaciones a los Derechos Humanos, que, con impunidad, comete el régimen orteguista.

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