La Coalición Nicaragua Lucha se pronunció este 18 de enero en contra de las políticas regionales de retroceso en materia de derechos humanos y exigió el cumplimiento en la protección de personas migrantes en las Américas, ante la urgencia que se vive en la región por la situación de desplazamiento forzado y movilidad humana, con amplio impacto particularmente en poblaciones nicaragüenses migrantes.
La Coalición Nicaragua Lucha, compuesta por al menos 17 organizaciones defensoras de derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes, grupos de víctimas y movimientos sociales, exige a los países en tránsito, así como los de destino final, cumplir sus deberes de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional a las personas migrantes, cuya vulnerabilidad se ha incrementado y complejizado.
«Denunciamos las medidas migratorias restrictivas que algunos Estados han implementado, exponiendo al peligro a miles de personas en desplazamiento forzado», dice el escrito.
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Pide solidaridad internacional con migrantes de Nicaragua
La Coalición hizo un llamado a la solidaridad internacional para que, en cada espacio de lucha por la dignidad humana, recuerde a miles de nicaragüenses que salieron de su tierra escapando de la violencia y del terrorismo de Estado que se practica con total impunidad en Nicaragua.
Para la Coalición, el éxodo masivo de nicaragüenses es consecuencia directa de una política de Estado de expulsión, donde el régimen Ortega – Murillo aprovecha para resolver económicamente su sostenibilidad, destruir el tejido de resistencia y profundiza la constante violación de derechos, cuya campaña de terror condenó al exilio, la cárcel o la muerte a quienes definió como enemigos.
Así mismo, denuncia en su escrito el impacto desproporcionado de las nuevas medidas implementadas por la administración Biden-Harris (aumentar su seguridad fronteriza a través de la ampliación del Título 42) que permite la expulsión a México de ciudadanas y ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití, ante el drama y la necesidad que están viviendo personas migrantes nicaragüenses en tránsito hacia Estados Unidos.
«Las afectaciones de esta acción han demostrado que ponen en peligro a las personas migrantes, además son contrarias a los estándares universales e interamericanos, impidiendo la entrada al país e implementando la expulsión directa de personas migrantes», resaltan en su denuncia.
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210,000 nicaragüenses huyeron en el 2022
El pronunciamiento del organismo indica que en el año 2022, al menos 210 mil personas se vieron forzadas a huir de Nicaragua; población cuya vulnerabilidad se acentúa por la interseccionalidad de los derechos violentados durante su largo tránsito hacia los países de destino.
«Las víctimas salen de su tierra muchas veces de manera irregular, con menor posibilidad para la búsqueda de protección directa en otros países y enfrentándose a políticas restrictivas de externalización, reforzamiento de control migratorio, medidas de devolución, detención y privación de libertad por temas migratorios, entre otros», indica.
Ante el incremento de personas muertas, desparecidas, secuestradas y en condiciones de sufrimiento extremo reportadas el 2022, la Coalición Nicaragua Lucha solicitó a los países (tránsito y receptores), prever la aplicación de la definición ampliada de protección internacional para tener la capacidad necesaria para la efectiva protección de las personas refugiadas y migrantes.
Presión a países receptores de migrantes
La Coalición pidió al sistema de Naciones Unidas, Agencia para los Refugiados ACNUR, Organización Internacional para los Migrantes OIM, Sistema Interamericano de CIDH-Corte IDH y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), actuar presionando a los países, conforme a su responsabilidad, recordando que las personas solicitantes de asilo se enfrentan a condiciones de inseguridad y violencia extrema, con fronteras agresivas, violentas y con controles migratorios insensibles a los elementos de protección.
Solicitó además que el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) refuerce sus componentes de Derechos Humanos e integre a una mayor participación social.
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Retroceso en políticas migratorias
Las 17 organizaciones que conforman la coalición alertaron sobre el riesgo de retroceso en cuanto a políticas migratorias regionales, ante la decisión de Costa Rica de modificar el Reglamento de Refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y la categoría especial temporal para personas nacionales de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
A criterio del organismo, estas medidas provocan incertidumbre en la población solicitante de refugio por la falta de información del nuevo proceso; asimismo precarizan aún más sus condiciones de vida al dificultarles el acceso a un empleo.
«Llamamos la atención de las autoridades del país vecino sobre sus deberes, a la luz de los principios interamericanos. Destacamos la obligatoriedad que tienen de garantizar el debido proceso y el estándar de la garantía al derecho sustantivo, como por ejemplo, los derechos laborales», resalta el documento.
