La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó este 21 de junio medidas cautelares a favor de los presos políticos José Antonio Peraza Collado, Irving Isidro Larios Sánchez y Roger Abel Reyes Barrera, así como a sus respectivos núcleos familiares.

El organismo internacional decidió otorgar este beneficio a los reos de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

La decisión fue notificada al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mismo que exigió al régimen sandinista el cumplimiento de la solicitud y la libertad inmediata de los presos políticos.

“La Comisión solicita al Estado de Nicaragua que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución”, indicó el Cenidh en su cuenta oficial de twitter.

La justicia sandinista condenó el pasado mes de febrero a Peraza, politólogo y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a 10 años de prisión por la comisión del supuesto delito de “conspiración”. El opositor fue detenido el 27 de julio del año pasado y desde entonces se encuentra en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua.

Por su parte, Larios Sánchez, quien es economista y sociólogo nicaragüense, fue condenado en marzo pasado a 13 años de cárcel luego que la juez sandinista Nancy Aguirre Gudiel, lo declarara culpable por el delito de “conspiración”. El opositor fue detenido el 20 de septiembre de 2021.

Reyes barrera, abogado defensor de Félix Maradiaga y miembro del Consejo Político de la UNAB, paga una condena de 10 años de prisión por la supuesta comisión del mismo delito tras su secuestro el 20 de agosto de 2021.

CIDH amplió medidas cautelares a Yubrank Suazo

Hace aproximadamente una semana, la CIDH amplió las medidas cautelares al preso político de Masaya, Yubrank Miguel Suazo Herrera, quien fue detenido con lujo de violencia durante un operativo de la policía sandinista en su vivienda la madrugada del pasado 18 de mayo.

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El organismo argumentó que en 2018 -durante el inicio del estallido sociopolítico en el país- se concedieron medidas cautelares a favor del joven opositor, las cuales no fueron adoptadas por el régimen sandinista, pues en su momento “se solicitó información al Estado, sin recibir respuesta”.

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