Con 29 votos a favor y tres abstenciones los países miembros de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena “la toma de oficinas de la OEA en Nicaragua” por parte de la dictadura Ortega Murillo.

Este tema del ingreso ilegal y la demanda de restituir el uso de los locales incautados por el régimen de Daniel Ortega se abordó en una sesión extraordinaria a petición de Canadá, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Brasil y Grenada.

En esta resolución, el Consejo Permanente de la OEA condena el ingreso ilegal a la sede de  este organismo y la incautación de sus bienes en Managua, ocurrida el domingo 24 de abril de 2022, lo cual viola las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua.

Otra de las condenas es que “deploran la violación de la inviolabilidad de los archivos de la Organización, e insistir en que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras permanezcan en Nicaragua”.

En otros de los puntos establecidos en esta resolución, los estados miembros demandan  restituir el uso de los locales incautados.

En el punto cuatro de esta resolución resaltan que el Gobierno de Nicaragua es responsable por todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales en la materia.

También piden instruir al Secretario General de la OEA para que transmita la presente resolución al Gobierno de Nicaragua, y a los titulares de todos los organismos internacionales con presencia en Nicaragua, así como al Secretario General de las Naciones Unidas.

Además, piden seguir ocupándose de esta cuestión y considerar la adopción de medidas adicionales según sea necesario.

La resolución a votar recoge los acuerdos violentados por el régimen Ortega Murillo, principalmente el acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, adoptado el 15 de mayo de 1949, a la que ingresó Nicaragua el 31 de octubre de 1960.

“Capítulo 1, artículos 2, 3 y 4, que disponen, entre otras cosas, que los locales de la organización, sus archivos y todos los documentos que le pertenecen serán inviolables y que su bienes y haberes gozarán de inmunidad de allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y cualquier otra forma de injerencia, ya sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”.

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