Nicaragua aprueba ley para proteger a sancionados y acorralar a bancos

La oficialista Asamblea Nacional aprobó este lunes de forma unánime la “Iniciativa de Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas”, solicitada la semana pasada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, para blindar a todos aquellos funcionarios orteguistas que han Sido afectados con sanciones económicas por su participación en la representación gubernamental desde 2018.

Según una nota de prensa del Parlamento Nacional, está Ley supuestamente busca proteger “los derechos del Pueblo y sus instituciones ante las medidas de fuerzas foráneas que atenten contra la Seguridad, Soberanía y Planes de Desarrollo de nuestra Nicaragua”, pero en la práctica se trata de una legislación pqra evadir lo que Ortega denomina “agresiones y medidas coercitivas”.

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“Esta normativa declara nula y sin efecto jurídico las sanciones impuestas por los grupos de Estados, Gobiernos u Organismos Extranjeros que violen el derecho internacional”, reconocieron los diputados.

El Artículo 2 de la ley establece que la nueva normativa es de carácter nacional y está dirigida a instituciones del Estado y privadas, así como para personas “naturales y jurídicas”, según sea el caso. Este artículo indica que cualquiera de estas personas o instituciones no serán afectados con sanciones internacionales, por ende “ninguna entidad o persona podrá negar o suspender sus servicios, sean estos comerciales y financieros”, a las personas sancionadas, lo cual sería una presión para los bancos, pues ahora no deben negarse a brindar o restituir los servicios financieros a estas personas o instituciones.

“Por eso rechazamos categóricamente mediante esta ley todas esas actitudes injerencistas, inmorales, y agresivas, e invitamos a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses a empuñar nuestros Símbolos Patrios, a cumplir y hacer cumplir esta ley con todos los instrumentos legales que estén a nuestra disposición”, expresó el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien es presidente de la llamada Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.

Sanciones a bancos

La nueva ley otorga el poder a Ortega de presionar con sanciones a aquellos bancos que se rehúsen a continuar con el servicio para aquellas personas o instituciones que sean agregados en lista negra de otros gobiernos, como los Estados Unidos y la Unión Europea.

En el Artículo 5 de esta ley, la dictadura de Nicaragua argumenta que es posible emitir sanciones directas contra bancos que se nieguen a cumplir con la iniciativa de ley, pues el capricho de Ortega es “garantizar los servicios” financieros a los funcionarios e instituciones sancionados, entre ellos su esposa Murillo, próxima co-presidenta del país.

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“Las entidades reguladoras del Estado, deberán garantizar que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del EStado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un Estado o grupos de Estados, Gobiernos u Organismos Exntranjeros”, advierte la iniciativa de ley aprobada.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de este Órgano Legislativo, dijo este lunes que “los nicaragüenses deben estar protegidos en sus intereses económicos, sociales, y en particular, en contra las prácticas arbitrarias de cláusulas abusivas en los contratos de conformidad con lo establecido en la ley” y que los bancos deben “ofrecer bienes y prestar sus servicios a las personas consumidoras o usuarias, sin discriminación alguna”.