Ortega presenta ley para evadir sanciones y presionar a bancos

En paralelo a la reforma profunda a la Constitución Política de Nicaragua, este miércoles el dictador Daniel Ortega solicitó en carácter de urgencia la aprobación de propuesta de ley titulada “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, mediante la cual busca evadir las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

La oficialista Asamblea Nacional presentó una nueva ley propuesta por el Ejecutivo con el objetivo de anular o dejar sin efecto jurídico las sanciones internacionales impuestas a funcionarios orteguistas e instituciones del Estados, como la Policía Nacional, que son señaladas de violar los derechos humanos del pueblo nicaragüense mediante el ejercicio de la fuerza y la represión.

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En el Artículo 3, se reconoce como sanciones aquellas “medidas coercitivas unilaterales e ilegales, que consisten en acciones económicas, comerciales o de otra índole implementadas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros”, las cuales serían evadidas con la aprobación de la nueva ley, es decir, que las personas e instituciones sancionadas podrán conservar sus bienes y cuentas bancarias en el territorio nacional sin consecuencia alguna.

Incluso, el Artículo 2, establece que la ley es de carácter nacional y está dirigida a instituciones del Estado y privadas, así como para personas “naturales y jurídicas”, según sea el caso. Este artículo establece que cualquiera de estas personas o instituciones no serán afectados con sanciones internacionales,  lo cual sería una presión para los bancos, pues ahora no deben negarse a brindar o restituir los servicios financieros a sancionados.

Sanciones a bancos

De tal forma que el Artículo 4 de la reforma establece que “en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional”, es decir, que tras su aprobación por el parlamento nacional las sanciones carecerán de “validez y aplicabilidad”, independientemente de su naturaleza.

“Ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídcias, entidades privadas e intituciones del Estado”, reza el artículo 4 de la iniciativa de Ley.

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“Tampoco le serán aplicables las sanciones, a las adquisiciones necesarias para salvaguardar la integridadd, seguridad y defensa nacional”, agrega.

Posteriormente, en el Artículo 5, la dictadura de Nicaragua amenaza con sanciones directas a bancos que se nieguen a cumplir con la iniciativa de ley. Ortega insiste en que se deben “garantizar los servicios” financieros a los funcionarios e instituciones sancionados en Nicaragua.

“Las entidades reguladoras del Estado, deberán garantizar que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del EStado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un Estado o grupos de Estados, Gobiernos u Organismos Exntranjeros”, advierte.