Dictadura se lamenta por víctimas en Gaza pero olvida a los que asesinó en Nicaragua

“No tienen Perdón de Dios”, así reaccionó la dictadura sandinista al reciente ataque al Hospital Al Ahli Arab en Gaza, donde se reportan al menos 600 muertos. El régimen de Ortega Murillo llamó a “no más guerra” en medio de la crisis armada entre Israel y el grupo terrorista Hamás, la cual cumple más de una semana.

Mediante un comunicado oficial, la dictadura orteguista se abstuvo nuevamente de condenar los ataques de Hamás a Israel, y en cambio, llamó a la comunidad internacional a actuar y “exigir soluciones en Derecho y Justicia, para frenar esta insensata espiral de violencia que ya es genocidio”, en referencia al ataque a un hospital en Gaza que reportó este marte el Ministerio de Salud controlado por Hamás.

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Las autoridades de Gaza informaron que murieron más de 500 palestinos tras la explosión en el hospital anglicano, a la que la Autoridad Nacional Palestina ha responsabilizado a Israel, país que acusó a Yihad Islámica de dirigir tal devastación. 

“Este crimen de lesa humanidad no sólo merece ser repudiado, sino denunciado y condenado como una muestra más de los resultados del odio, la exclusión y la negación de todos los Derechos y del más elemental Sentimiento de Humanidad”, se lamentó Ortega Murillo.

“Que los responsables de tanta barbarie, respondan al Mundo y la Familia Humana por sus crímenes”, señaló.

Nicaragua no atendió a heridos en protestas

La crisis que vive la población civil en la Franja de Gaza por causa de los conflictos entre Hamás e Israel, ha escalado momentos lamentables. La dictadura sandinista -con su doble moral- condenó la muerte de cientos de palestino a causa del derrumbe del este hospital, pero olvida las decenas de muertes que provocó en Nicaragua durante las protestas antigubernamentales de 2018 cuando se prohibió atender en los hospitales los heridos por paramilitares y Policías.

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Jóvenes y adultos fueron víctimas de la represión del régimen sandinista que les negó el acceso a la salud y atención médica cuando llegaban herido de balas a manos de paramilitares al servicio de la dictadura y enviados para reprimir las protestas sociales. La medida respondió a un clara violación al derecho humanitario internacional.

En ese momento, Ortega y Murillo se complacieron de cerrar las puertas de los hospitales mientras los heridos fallecían desangrados. Incluso, el régimen envió a sus paramilitares a desabastecer y destruir los albergues y puestos médicos improvisados por civiles para atender a heridos.

Incluso, la dictadura despidió a enfermeros y médicos por supuestamente haber participado en las protestas antigubernamentales y por atender heridos en las manifestaciones.