Dictadura anula de forma definitiva la licencia de abogado a nicaragüenses desterrados

La dictadura de Daniel Ortega a través del Poder Judicial, resolvió este jueves “suspende de forma definida” la licencia de abogados y notarios públicos a más de una veintena de nicaragüenses profesionales del derecho, todos desterrados del país, entre ellos el ex vocero sandinista del sistema judicial Roberto Larios Meléndez.

Mediante una resolución la Corte Suprema de Justicia ratifica la revocación perpetua de abogados a Edgard Parrales Castillo, José Pallais Arana, Noel Vidaurre Arguello, José Talavera Arauz, Hugo Rodríguez Flores, Ana Margarita Vigil, Osman Aguilar Rodríguez, Moisés Astorga Sáenz, María Oviedo Delgado, Manuel Sobalvarro Bravo, Roger Reyes, Hader Gonzáles Zeledón y María Camacho Chevez.

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Asimismo, fueron despojados de su licencia de abogados los apátridas Uriel Pineda Quinnteros, Sergio Ramírez Mercado, Mónica López Baltodano, Hector Mairena, Guillermo Carrión Maradiaga, Eliseo Núñez Morales, Manuel Díaz Morales, Álvaro Leiva Sánchez y Vilma Núñez de Escorcia.

También figuran el ex guerrillero sandinista y defensor de Daniel Ortega, el veterano Marlon Sáenz Cruz, conocido como el “Chino Enoc”; el ex funcionario judicial y cercano a la presidenta orteguista de la CSJ, Roberto Larios Meléndez; y ex magistrado de la CSJ, Rafael Solís Cerda.

“Suspéndase de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos”, reza la resolución judicial firmada por el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro Espinoza.

La medida represiva de la dictadura ocurre a dos días que el Poder Judicial también vetara de forma perpetua a la abogada defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, a quien el régimen sandinista le declaró nulo el título de abogado y notario público registrado ante este supremo tribunal.

Dictadura demanda sus títulos de abogados

En la misma resolución judicial, el régimen exige a los nicaragüenses desterrados y vetados de su profesión del derecho, que entreguen ante la CSJ en un termino de 24 horas sus documentos titulares, así como el sello y carné de abogados.

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“Se les previene a las personas antes descritas que deberán enviar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, los títulos de abogados y notarios públicos, los protocolos respectivos, el sello y el carné de abogados y notarios públicos”, señala.

Esta nueva embestida política de la dictadura recrudece aún más la libertad de trabajo y del ejercicio del derecho en Nicaragua, mismo que desde 2018 ha sido criminalizado por el régimen que es señalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cometer delitos de lesa humanidad.

En el caso de Yonarqui Martínez, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expresó su inconformidad y aseguró que “la Corte Suprema de Justicia carece de validez por cuanto es una decisión eminentemente política sin la motivación ni fundamentos jurídicos que toda resolución exige”.

“En consecuencia, nula es dicha corte porque desde hace años se apartó del derecho y del ordenamiento jurídico constitucional al someterse a las órdenes partidarias y a la voluntad represiva de la familia Ortega Murillo”, manifestó el organismo mediante un comunicado.