Denuncian en audiencia con la CIDH la situación apátrida de 317 personas

En Audiencia de Oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), activistas, periodistas, desterrados nicaragüenses y defensores de los dd.hh., denunciaron la arbitraria decisión del régimen de Daniel Ortega de despojar de su nacionalidad a 317 nicaragüenses.

Una delegación integrada por feministas, periodistas, excarcelados políticos, abogados y organismos de derechos humanos, este viernes sostuvieron un encuentro con la Comisión IDH para denunciar las últimas políticas represivas de la dictadura, mismas que han conllevado a un agravamiento en las violaciones a los derechos civiles del pueblo nicaragüense.

Carmen Herrera del Instituto Raza e Igualdad, dirigió la delegación conformada por la activista Irlanda Suárez, el ex reo político Kevin Solís, y los periodistas Lucía Pineda y Anibal Toruño, quienes presentaron sus testimonios que describieron la grave violación a sus derechos a manos del régimen sandinista.

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Solís, quien se presentó como un joven estudiante de Derecho, de 23 años y padre de familia, dijo que dentro de las celdas y bajo la custodia de los guardias sandinistas, fue víctima de abusos y crueles tratos, humillaciones y torturas psicológicas que han desencadenado un trastorno de temor e inestabilidad emocional por las innumerables amenazas de muerte en su contra.

Por su parte, la periodista Lucía Pidena, directora del medio aliado 100% Noticias, manifestó su rechazo a la violatoria decisión de Daniel Ortega, de declararla apátrida al igual que a otras 316 personas, entre ellas, el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien permanece en cautiverio dentro de la celda de torturas conocida como “el infiernillo”, en la Modelo, en Managua.

“Denuncio al régimen por despojarme de mi nacionalidad nicaragüese. El 15 de febrero de 2023, el presidente del TAM, Ernesto Mejía Rodriguez, leyó una resolución que declaró la perdida de nacionalidad de 94 personas, de las cuales 11 somos periodistas y directores de medios de comunicación”, indicó Pineda, también ex rea política.

“Apagón informativo” en Nicaragua

El exiliado director de Radio Darío, Aníbal Toruño, denunció las arbitrarias políticas de la dictadura en contra de los medios de comunicación independientes. El profesional de la comunicación, también despojado de su nacionalidad nicaragüense, afirmó que Daniel Ortega insiste en destruir a la prensa crítica a su administración ocasionando un “apagón informativo”.

Toruño sostuvo que solo en 2022, el régimen sandinista a través del ente regulador el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), despojó de su personalidad jurídica a tres radioemisoras propiedad de su familia, entre ellas a Radio Darío.

“En Nicaragua no hay espacios para la libertad de prensa ni para levantar nuestras voces en denuncia a un régimen que se ha perpetuado en el poder. El gobierno se ha valido de su aparato pervertido para intentar intimidar o anular las denuncias a las violaciones de los derechos humanos para que no sean investigadas”, explicó.

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La Defensoría del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, también participó este encuentro. El abogado Yader Valdivia en representación de 53 nicaragüenses víctimas de la criminalización de Ortega, denunció la profunda crisis de derechos humanos en Nicaragua a partir del destierro de 222 ex reos políticos, y la situación apátrida de 317 nicaragüenses.

El Colectivo afirmó que la perdida de nacionalidad ha implicado que estas personas sean despojadas de sus lazos familiares, culturales, y de todos sus bienes.

“Hay que parar a la dictadura por el bien de Nicaragua, de Centroamérica y de America Latina”, advirtió la feminista y activista política, Azahalea Solís, mediante un video durante la audiencia de la CIDH en su periodo de sesiones 186.

Comisión: preocupa situación en Nicaragua

La defensora de los derechos de la mujer y directora del extinto Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Ana Quiroz, narró las violaciones a sus derechos humanos desde 2018 por la dictadura sandinista, así como el despojo de su nacionalidad y su expulsión del país desde ese año.

La opositora denunció que las agresiones predominaron en contra de su preferencia sexual y su participación en la “lucha cívica”. La feminista solicitó a la Comisión IDH que exhorte al estado de Nicaragua “nos restituya la nacionalidad y revierta las disposiciones en nuestra contra”.

En este sentido, la especialista Esmeralda Arosemena, Relatora para Nicaragua de la CIDH, expuso que los testimonios antes mencionados le ocasionan “angustia y preocupación” y exhortó al régimen Ortega Murillo a hacerse “una reflexión en su condición de dirigentes de un país, y en segundo lugar y mayor fortaleza, en su condición de seres humanos”.

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“Preocupan los obstáculos que ustedes plantean en el tema de la reunificación de familias, porque despojarlos de su nacionalidad y eliminarlos del registro civil tiene un impacto en la vida personal y familiar, y de sus hijos particularmente”, manifestó. “Estamos con ustedes, Nicaragua no esta sola”, agregó.

Por su parte, la Relatora de los Derechos de las Mujeres, Julissa Mantilla, dijo que la crisis sociopolítica no es “un problema de Nicaragua, sino de la humanidad”, y manifestó su apoyo al pueblo nicaragüense y a todas las víctimas de la represión de la dictadura sandinista.

Asimismo, el Relator de Personas Privadas de Libertad, Edgar Stuardo, indicó que en el tema de presos políticos “fue fundamente ayudar para que la Comisión fuera la voz de muchos”. “Hay una incertidumbre que la comisión sigue acompañando”, expresó.

“Urge tránsito a la democracia”

La activista Haydée Castillo, obligada al exilio y madre de tres hijos, denunció ser víctima de la persecución del régimen por la fabricación de acusaciones falsas de asesinatos en su contra, por oponerse al discurso oficialistas. La opositora pidió a la Comisión “proponga medidas urgente” a la grave crisis en Nicaragua. “Urgen el transito a la democracia”, finalizó.