Régimen confisca pensión a Dora María Téllez y otros opositores desterrados de Nicaragua

La disidente sandinista y ex rea política de Daniel Ortega, Dora María Téllez, conocida como la ex guerrillera comandante 2, denunció a Nicaragua Actual que tras ser desterrada y despojada de su nacionalidad nicaragüense, la dictadura le ha confiscado su pensión de jubilación que no ha podido cobrar por negativa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La opositora a la dictadura sandinista dijo que la confiscación de su pensión como jubilada es una arbitrariedad y demanda se le permita cobrarla, pese a que el régimen acordó “por decreto” despojarla de su ciudadanía y de todos sus derechos políticos y civiles como nicaragüense.

Téllez aseguró que no es la única, pues a otros ex reos políticos del régimen, también desterrados de Nicaragua, no les han permitido cobrar su jubilación nicaragüense.

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“No me han permitido cobrar mi pensión como jubilada, y ahora me doy cuenta que hay jubilados que están siendo liberados a los cuales también les están cortando el cobro de su pensión”, manifestó la opositora.

Téllez advirtió que el INSS tendrá que pagar cada “centavo” que la dictadura le está robando a ella tras arrebatarle su ciudadanía, pues aseguró que la pensión como jubilada “no es ningún regalo” de parte del estado nicaragüense.

“El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social va a tener que pagarnos cada centavo a cada uno de nosotros de los que hemos dejado de recibir, porque eso no es ningún regalo, nosotros trabajamos y aportamos a la seguridad social para tener derecho a nuestra pensión”, finalizó.

Más opositores sin pensión

Se estima que son al menos 60 personas jubiladas y excarceladas de la dictadura sandinista, que son afectados tanto por el destierro, el despojo su nacionalidad y ahora la confiscación de su pensión de jubilados.

En la lista figuran el ex reo Harry Chaves; el ex ministro de Educación, Humberto Belli; el ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassán; el ex director de relaciones exteriores del FSLN, Julio López Campos, y su esposa la ex guerrillera Mónica Baltodano, entre otros.

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El medio digital Confidencial logró conocer que el titular del INSS, el sandinista Roberto López, ordenó esta medida represiva en base al sustento legal de los opositores afectados, quienes son considerados personas “apátridas”.

El pasado 15 de febrero, la dictadura confirmó que a más de 300 opositores las les fue aniquilados de “forma perpetua” sus derechos como ciudadanos y los obligó a la “inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos”.