Minsa instala puesto de salud en oficinas expropiadas a CISAS de la opositora Ana Quirós

La dictadura sandinista a través del Ministerio de Salud (Minsa), inauguró este miércoles 22 de febrero el puesto de Salud Familiar y Comunitario José Armando Urtecho en el Residencial Bolonia, del Distrito I, de Managua, donde operaron las oficinas del extinto Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de la activista feminista y defensora de los derechos humanos, Ana Quirós.

Con la remodelación del edificio, el régimen sandinista consumó la confiscación de facto de las oficinas privadas de esta organización, que fue eliminada por decreto de la oficialista Asamblea Nacional en noviembre de 2018, luego que la dictadura le cancelara a Quirós la nacionalidad nicaragüense, que le fue extendida en 1997, para expulsarla del país con una restricción de ingreso de cinco años.

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Medios oficialistas informaron que la remodelación a las oficinas de CISAS tuvo un costo de 2 millones de córdobas que fue tomado del presupuesto público.

Se prevé que dicho centro atienda a la población de Bosques de Bolonia, Residencial Bolonia y Reparto España, y esté abierto al público de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

La doctora sandinista Dilvia Flores, quien es directora del Centro de Salud Roberto Herrera, manifestó a la prensa oficialista que el nuevo centro de salud brindará atención en Medicina General, vacunación, curaciones, área de nebulización y área de Rehidratación Oral.

Instalan casa cultural en oficinas de La Corriente

Este pasado martes, el régimen dictatorial también consumó la confiscación de las oficinas de la organización feminista La Corriente, dirigido por la activista y opositora María Teresa Blandón, quien se dedica a la promoción de los derechos de las mujeres, comunidad LGBTI, y en proyectos de acogida para víctima de violencia.

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El vice alcalde sandinista de Managua, Enrique Armas, oficializó la remodelación e inauguración de la Casa de Cultura y Creatividad Alejandro Cuadra en el edificio que fue tomado desde julio de 2022 por agentes de la policía sancionada, luego que el Parlamento Nacional le arrebatara la personalidad jurídica el 4 de mayo del mismo año.

Las confiscaciones de facto son la nueva política represiva del régimen sandinista en contra de las organizaciones y la sociedad civil que se niega a reconocer el discurso oficialista de la administración Ortega y Murillo.