Régimen expropia de sus bienes a opositores nicaragüenses despojados de su nacionalidad

La dictadura sandinista oficializó este viernes la confiscación de bienes de las 94 personas opositoras a Daniel Ortega, quienes hace dos días fueron despojadas de su nacionalidad nicaragüense. Las casas de la periodista Sofía Montenegro y la opositora Azahálea Solís, fueron las primeras expropiadas por orden del régimen Ortega-Murillo.

Extraoficialmente se conoció que agentes de la dictadura se han tomado el condominio Amazonia, en Managua, donde residían Montenegro y Solís. Aparentemente el condominio pasó a manos del Estado, a pesar de que ahí residían otras familias que eran vecinas de las nicaragüenses desterradas por “traición a la patria”.

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En el caso de las personas que continúan con la obsesión de no abandonar su propiedad ahora confiscada, deberán pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al Estado nicaragüense, fue la notificación que recibieron los vecinos del condominio.

El medio digital DIVERGENTES logró confirmar que las confiscaciones de propiedades son dirigidas por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) acompañados de agentes de la Policía sandinista, con el apoyo de personas del Catastro, y hasta topógrafos que se encargan de hacer mediciones.

Las confiscaciones de bienes ha alcanzado las propiedades de las opositoras excarceladas Suyen Barahona e Irlanda Jerez, según logró confirmar Nicaragua Actual mediante fuentes oficiales.

Propiedades confiscadas tras su destierro

El operativo de confiscaciones llamado por opositores “La Piñata 2.0”, inició 48 horas después que el régimen sandinistas declarara apátridas a 94 personas nicaragüenses, cinco días después de desterrar y despojar de su nacionalidad a 222 ex prisioneros políticos, quienes ahora se encuentran exiliados en Estados Unidos.

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En conformidad a la ley 1055 y ley 1145, la dictadura procedió el pasado 15 de febrero a despojar de su nacionalidad de forma inmediata a 94 opositores exiliados. El régimen les ofreció de “forma perpetua” la aniquilación a sus derechos como ciudadanos y la “inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos”.

“De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Constitución Política de Nicaragua, se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes y muebles de los acusados que tengan inscrita a su favor, ya sea a título persona o que participan como socios, para responder por los delitos que se les acusa”, dijo el presidente del TAM Ernesto Rodríguez Mejía.