Denuncian ante la CIDH la sistemática violación a la libertad de asociación en Nicaragua

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y otras 17 organizaciones civiles, denunciaron este jueves en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación en relación a “la sistemática violación de la libertad de asociación” y el derecho a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.

Mediante un comunicado las organizaciones afirmaron que hasta la fecha el régimen sandinista ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de 2,634 ONG, de las cuales 2,510 han sido eliminadas a partir de marzo de este año; y, al menos 43 organizaciones han sido allanadas y apropiado inconstitucionalmente su patrimonio.

“Denunciamos ante la Comisión la continua aplicación de leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus miembros y miembras, lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas”, dicta la misiva firmada por organismos nicaragüenses.

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Ante la sistemática violación a la libertad de asociación en Nicaragua, las organizaciones presentaron un deterioro económico y social por la falta de ejecución de proyectos a beneficio de la población nicaragüense.

Con la cancelación de al menos 53 organizaciones se reduce a 41.9 millones de dólares la ejecución anual de proyectos de desarrollo, además de la disminución de más de 2 mil empleos formales y la desatención de un millón de personas que eran benefícialas por estas organizaciones.

El Relator Especial sobre Libertad de Reunión y Asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, manifestó que la “política de desmantelamiento de movimientos sociales”, mediante la aplicación de leyes ambiguas avaladas por un Poder Judicial instrumentalizado, es “una estrategia de censura permanente, con un claro patrón para reprimir las voces disidentes”.

Comisión preocupada por situación en Nicaragua

La CIDH reiteró su preocupación por la grave crisis de derechos humanos que vive Nicaragua bajo un régimen “autoritario”. La comisionada Margarette May denunció que las organizaciones que defienden la democracia están en peligro debido a la criminalización del régimen que cataloga como “enemigos del Estado” a quienes se oponen.

“Categóricamente señaló que Nicaragua está destruyendo de forma ‘demente’ a una parte de la población, destruyendo sus activos y la vida de los nicaragüenses, señalando que lo que se vive son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes”, agrega el comunicado.

En la audiencia se reiteró que el país vive un “Régimen de terror” que impide a sus ciudadanos organizarse para defender sus derechos, refiriéndose además sobre el negativo de acceso a sus nacionales, lo que catalogó como una forma de violencia.

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“Nicaragua necesita regresar la libertad de su gente, los presos políticos no pueden existir en un país democrático, Nicaragua necesita abrir estos espacios de diálogo”, manifestó La comisionada Esmeralda Arosemena.