Corte IDH escucha caso de Brooklyn Rivera y familiares y allegados desaparecidos por la dictadura

La hija del dirigente y exdiputado muerto en condiciones sospechosas bajo custodia del Estado sandinista pidió que el tribunal mantenga las medidas provisionales de protección para su núcleo familiar. Rivera recordó que, hasta ahora, la familia no ha podido recuperar los restos de su padre.

Rivera hija señaló además que el Estado tampoco ha explicado a la familia las circunstancias de su muerte ni ha proporcionado información sobre los casi tres años que permaneció en cautiverio. La audiencia pública y supervisión de medidas provisionales ante la Corte IDH donde se expuso formalmente el caso se realizó el 19 de agosto de 2026.

Según Rivera, las autoridades nicaragüenses reconocieron en 2024 que Brooklyn Rivera se encontraba bajo custodia estatal, pero nunca informaron públicamente sobre los cargos, un eventual proceso judicial o una sentencia. “No han oficializado nada ante la familia del por qué murió, ni cómo murió”, sostuvo.

Durante su comparecencia, Rivera actualizó además a la Corte sobre ocho personas vinculadas a su padre que permanecen desaparecidas desde el 31 de mayo.

La mayoría son familiares de Rivera, pero también hay personas allegadas a él y dirigentes comunitarios que habían viajado a Managua con la intención de recuperar sus restos y trasladarlos a su comunidad para darle sepultura.

“El gobierno no se nos ha informado del estado de salud de estas personas, ni de cómo se encuentra actualmente”, denunció la hija del líder indígena.

Reclaman los restos de Brooklyn Rivera

Susana Marley Cunningham, conocida como Mama Tara y líder indígena miskita exiliada en Costa Rica, acompañó la diligencia ante la Corte IDH y reclamó la liberación tanto de los familiares de Rivera como de otros líderes indígenas encarcelados en Managua.

“Yo vine a exigir que liberen a los familiares del taupla que están presos y todos los líderes indígenas que están en la cárcel en Managua”, afirmó. También pidió que el Estado entregue los restos de Rivera a la comunidad miskita para que pueda recibir una sepultura conforme a sus tradiciones y los deseos de su familia.

Por su parte, Anexa Alfred Cunningham, representante de las víctimas en el caso de medidas provisionales relacionado con Rivera y su núcleo familiar, sostuvo que la situación actual constituye una extensión de los hechos denunciados ante la Corte, a saber: detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y muerte bajo custodia.

Alfred, quien también funge como presidente del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), destacó que Nicaragua permanece en “desacato permanente” por no haber cumplido las medidas provisionales que protegían a Rivera.

“El taupla tenía protección internacional, sin embargo el Estado de Nicaragua no respetó esa protección internacional”, afirmó Alfred.

Denuncian persecución contra pueblos indígenas

Alfred vinculó los hechos con un patrón más amplio de persecución contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Aseguró que la persecución contra Rivera forma parte de una política de “criminalización, desaparición forzada, destierro y muerte contra los pueblos indígenas y afrodescendientes”, que buscaría extender el control estatal sobre sus territorios y estructuras políticas, para lo cual ha movilizado a distintas partes de su aparato represor.

Ante la Corte, los representantes solicitaron mantener las medidas provisionales, exigir información sobre las ocho personas desaparecidas y garantizar el derecho de la familia a conocer qué ocurrió con Rivera durante sus años de cautiverio.

“La familia tiene el derecho a saber qué pasó durante su cautiverio”, sostuvo Alfred.

También insistió en que, pese a la falta de cooperación del régimen en Nicaragua, la comunidad internacional debe continuar ejerciendo presión. Según Alfred, la respuesta pasa ahora también por los órganos políticos y por la obligación colectiva de los Estados del sistema interamericano de actuar ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.