Estados Unidos convoca a la OEA por abolición de las elecciones en Nicaragua

Estados Unidos solicitó la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la situación en Nicaragua, después de que el dictador nicaragüense Daniel Ortega anunciara que en el país “no volverá a haber elecciones” y del inicio de un proceso de reformas constitucionales para modificar nuevamente el sistema político nacional.

La petición fue presentada por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA el miércoles, 29 de julio, mediante una nota oficial acompañada de un proyecto de resolución para una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el principal mecanismo político del organismo para analizar crisis que afectan la estabilidad democrática del continente.

En el proyecto, Washington sostiene que la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua se agravó con la declaración pública de Ortega del 19 de julio y con el posterior anuncio de una reforma constitucional destinada a “codificar la abolición de las elecciones” y permitir la exclusión arbitraria de ciudadanos de la vida política.

El documento afirma que la eliminación de las elecciones, del pluralismo político y de la participación pacífica de la oposición resulta “fundamentalmente incompatible” con la democracia representativa, los derechos políticos de los nicaragüenses y los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Proyecto condena a Ortega y Murillo

La propuesta de resolución condena de manera inequívoca las declaraciones de Ortega y cualquier intento suyo o de Rosario Murillo de abolir las elecciones, eliminar el pluralismo político, impedir una transición pacífica del poder o excluir permanentemente de la vida política a quienes el régimen considere una amenaza para su permanencia en el poder.

Asimismo, el texto sostiene que las acciones del régimen, entre ellas el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y del Legislativo, la presunta persecución y ejecuciones extrajudiciales de nicaragüenses fuera del país, el respaldo a actividades militares y de inteligencia de actores extrarregionales y la migración forzada de cientos de miles de nicaragüenses, constituyen una crisis política, de derechos humanos y migratoria que desestabiliza a los países vecinos.

Como parte de la iniciativa, Estados Unidos propone que los cancilleres del hemisferio se reúnan para analizar la situación de Nicaragua y discutir medidas colectivas apropiadas. El proyecto también aclara expresamente que la resolución “no constituye una autorización para el uso de la fuerza”.

Crece la presión internacional

La iniciativa estadounidense llega después de una creciente ola de condenas internacionales provocadas por el discurso de Ortega del 19 de julio. Desde entonces, gobiernos como los de Costa Rica, Panamá, Chile, Guatemala y República Dominicana, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación por el cierre definitivo de la competencia democrática en Nicaragua.

Mientras tanto, el régimen ha iniciado un proceso de consultas para una nueva reforma a la constitución, que según Rosario Murillo busca consolidar un modelo electoral “propio” y fortalecer el denominado sistema del “pueblo presidente”, reformas que la oposición y organismos internacionales consideran encaminadas a afianzar todavía más al régimen.