Dictadura suma 81 propiedades transferidas al INSS en lo que va de 2026
Con un traspaso de 14 propiedades el 9 de julio, la dictadura ha transferido 81 propiedades a la agonizante institución de la Seguridad Social en lo que va del año.
Fachada de la Sede Central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en Managua.
- Cortesía
La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la donación de 14 propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mediante tres acuerdos presidenciales publicados el jueves, 9 de julio en La Gaceta, diario oficial del Estado.
Los traspasos fueron oficializados a través de los Acuerdos Presidenciales 97-, 98-y 99-2026, que autorizan la cesión de inmuebles ubicados en Managua, León y Carazo para incorporarlos al patrimonio del INSS. Con estas, la dictadura ya ha transferido un total de 81 propiedades en lo que va de 2026. En 2025 fueron 116.
El Acuerdo Presidencial 97-2026 contempla la donación de once propiedades localizadas en Managua, inscritas bajo los números absolutos de propiedad (NAP):
- BI-9A50CQ,
- BI-2L3HSKUX,
- BI-2L3NQXEF,
- BI-2L3NQXF,
- BI-9AE514I,
- BI-XE1F158,
- BI-2K3WAYI,
- BI-99XAB7T,
- BI-9AH91RA,
- BI-2L3NR534,
- BI-2L3NR51D.
Por su parte, el Acuerdo 98-2026 autoriza la transferencia de dos inmuebles situados en León, identificados con los NAP:
- BI-2L3HSKXE,
- BI-9ACX70I
Mientras que el Acuerdo 99-2026 dispone la donación de una propiedad ubicada en Carazo, inscrita bajo el NAP: BI-2L3NQXIN.
Los acuerdos autorizan a la Procuradora General de la República y al presidente ejecutivo del INSS a suscribir las escrituras públicas de donación mediante la Notaría del Estado para formalizar el traspaso. En ninguno de los tres acuerdos el régimen especifica cuál es la motivación de estos traspasos ni tampoco a qué uso se destinará cada una, como ha sido habitual en estas operaciones.
En su lugar, sostiene que las donaciones buscan “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos”.
Las nuevas transferencias se suman a una política sostenida del régimen desde 2018, mediante la cual el INSS ha recibido decenas de inmuebles provenientes tanto del patrimonio estatal como de bienes confiscados a organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación, cámaras empresariales y organizaciones religiosas canceladas por la dictadura.
Diversos analistas han señalado que el instituto se ha convertido en uno de los principales receptores de propiedades incautadas durante la ola de confiscaciones impulsada por el régimen tras el estallido de la crisis sociopolítica.
No existe información pública que permita conocer el valor de los inmuebles, los criterios utilizados para su selección ni el impacto que estas incorporaciones tendrán sobre la situación financiera del INSS, institución que continúa enfrentando cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo de sus recursos y por el deterioro de sus finanzas tras la crisis desatada por la fallida reforma previsional de 2018.
