Opositores se suman a exigencia de justicia por muerte de Brooklyn Rivera

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y plataformas de la oposición nicaragüense condenó las condiciones en que murió el histórico líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, así como responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, demandando una investigación internacional independiente sobre su fallecimiento.

En un pronunciamiento conjunto divulgado este 3 de junio de 2026, las organizaciones denunciaron que Rivera permaneció durante más de 971 días en condición de desaparición forzada, sin acceso regular a sus familiares, asistencia médica adecuada ni defensa jurídica, tras haber sido detenido en septiembre de 2023.

Los firmantes calificaron el trato recibido por el exdiputado y dirigente de YATAMA como “cruel” y exigieron el esclarecimiento completo de las circunstancias de su muerte, incluyendo la realización de exámenes forenses independientes. “El Estado tiene la obligación ineludible de proteger la vida y garantizar la integridad de quienes están bajo su custodia“, señalaron.

La muerte de Rivera, aseguran, no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de represión. Según las organizaciones, en Nicaragua persisten las detenciones arbitrarias, la incomunicación prolongada, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal.

Estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, expresaron.  Asimismo, evidenciaron su preocupación por la situación que enfrenta la población de la Costa Caribe y la Muskitia, cuyos nativos han denunciado persecución, hostigamiento y restricciones a sus libertades.

Entre sus principales demandas, las organizaciones exigieron información inmediata sobre el paradero, estado de salud y situación jurídica de las personas detenidas y desaparecidas; la liberación de todos los presos políticos sometidos a prisión, arresto domiciliario u otras medidas restrictivas; y una investigación internacional independiente.

También reclamaron el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otros detenidos por la dictadura. Estas mismas habían sido extendidas a Rivera en octubre de 2023, pero la dictadura nunca honró estos mecanismos de protección internacional.

Las organizaciones hicieron además un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la administración del presidente Donald Trump y al Congreso de los Estados Unidos, así como al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados democráticos del mundo, para que impulsen acciones urgentes, coordinadas y efectivas frente a la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.

El comunicado fue suscrito por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Avanza, la Concertación Democrática Nicaragüense (Monteverde), el Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses, la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), Ruta del Cambio y UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista).

La declaración se suma a una creciente ola de pronunciamientos nacionales e internacionales emitidos tras la muerte de Rivera, entre ellos los de organizaciones indígenas de la Costa Caribe, la Unión Europea, el Gobierno de Estados Unidos, la Internacional Socialista y diversas plataformas democráticas regionales, que han exigido esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.