Estados Unidos reanuda cobro anual para solicitudes de asilo
Bajo el actual tarifario, toda solicitud de asilo cuyo proceso sobrepase los doce meses de duración incurre un cobro de 102 dólares.
Imagen de referencia.
- Cortesía
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) volvió a imponer una cuota obligatoria para solicitantes de asilo cuyo proceso haya excedido el año a través del Formulario I-589, según figura en su tarifario, consultable en el sitio oficial de la agencia migratoria, que anunció la medida a partir del 1 de febrero de 2026.
Según el tarifario vigente para el 25 de marzo, al momento de publicarse esta nota, la cuota es de 102 dólares. La agencia pretende, con esta medida, cubrir costos administrativos derivados del procesamiento prolongado de casos, ya que asegura enfrentar un volumen histórico de solicitudes acumuladas.
El Formulario I-589 es el principal mecanismo utilizado por personas que buscan protección en Estados Unidos por temor a persecución en sus países de origen, y su aprobación implica una pausa a la deportación.
El pago de esta cuota no se realiza al momento de presentar la solicitud inicial, sino dentro del desarrollo del proceso cuando este supera los 12 meses sin resolución.
Esto aplica tanto a procesos gestionados por la oficina de USCIS como por un juez de Migración.
Según la información oficial del USCIS, la tarifa se activa como un cobro posterior asociado al mantenimiento y tramitación continua del caso.
En la práctica, esto significa que los solicitantes que presentaron el Formulario I-589 podrían ser requeridos a cancelar la cuota una vez que su expediente permanezca pendiente más allá de un año.
El pago se gestiona directamente ante la agencia, ya sea a través de sus plataformas electrónicas o mediante los mecanismos tradicionales habilitados para trámites migratorios, como pagos en línea.
En caso de no cumplir con el pago, la agencia advierte que el trámite podría enfrentar demoras adicionales o incluso ser considerado abandonado en determinadas circunstancias administrativas.
Esto, en principio, podría llevar a la deportación del solicitante, ejecutada por otra agencia como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés).
Organizaciones que brindan acompañamiento legal han advertido que muchos de estos migrantes dependen de empleos informales o ingresos limitados, lo que podría dificultar el cumplimiento de los nuevos pagos.
La imposición de la tarifa responde a una estrategia mayor de la administración de Donald Trump para la reducción significativa de ingresos de migrantes al país de todo tipo, incluyendo a aquellos que acuden en busca de refugio. La reducción contempla, a su vez, el abaratamiento del proceso de admisión, así como una política de deportaciones masivas vigente desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025.
