Miles de nicaragüenses podrán regularizar su estatus migratorio en España
En España se estima que casi 30 mil migrantes nicaragüenses residen en España en situación irregular.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el Congreso de los Diputados.
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El gobierno del Partido Socialista Obrero de España abrió trámites para regularizar de forma extraordinaria a un número importante de migrantes indocumentados, aquellos que puedan probar que residían en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, que carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses al momento de la solicitud.
La solicitud se podrá presentar entre abril y junio de 2026, otorgando permisos de residencia iniciales por un año (renovables) o cinco años en el caso de menores, con posibilidad de acceder a la ciudadanía tras 10 años de residencia. Se estima que en España alrededor 840 mil migrantes residen sin estatus legal, en su mayoría llegadas recientes.
El 91% de estos migrantes provienen de Hispanoamérica, sobre todo colombianos (287 mil), peruanos (107 mil) y hondureños (90 mil), según datos oficiales. Los nicaragüenses irregulares supondrían aproximadamente unos 29 mil migrantes, muchos de los cuales podrían beneficiarse con la medida.
Estos migrantes en buena medida dejaron Nicaragua por la represión de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este respecto, las autoridades españolas han colaborado facilitando la nacionalización de presos políticos desterrados y el reasentamiento de refugiados.
Muchos otros llegaron en busca de mejores oportunidades económicas.
Incluyendo a los migrantes con estatus migratorio regular, la población de nicaragüenses en España asciende hasta unos 72 mil.
La medida del gobierno socialista va en contra de políticas más restrictivas que han asumido otros gobiernos de Europa, como el de Giorgia Meloni en Italia o algunos países de Europa oriental.
Partidos de derecha en la oposición han criticado la medida, que se da en medio de graves controversias sobre corrupción en el entorno cercano del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y fallos catastróficos en infraestructura ferroviaria que han dejado ya más de 45 muertos.
