Estudio advierte que la desinformación amenaza la democracia costarricense

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó en la Asamblea Legislativa el informe Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación en Costa Rica este miércoles, 26 de noviembre.

El estudio analiza el impacto de la desinformación en la convivencia democrática, la opinión pública y los procesos políticos del país, basado en una encuesta representativa, grupos focales e entrevistas a expertos. Para tal empresa contaron con la colaboración de las organizaciones Free Press Unlimited, People in Need y Punto y Aparte.

PROLEDI destaca entre sus hallazgos como 8 de cada 10 costarricenses (80%) considera la desinformación como un problema grave y en expansión. La mayoría identifica riesgos como el daño a la reputación de personas, el fomento de expresiones de odio, la interferencia en elecciones y la amenaza directa a la democracia.

El nivel educativo, el género y la situación económica modulan la comprensión del fenómeno. Si bien es cierto que personas con estudios universitarios son más propensas a reconocer los efectos negativos de la desinformación y valorar la alfabetización digital, se observan brechas.

El estudio encontró que los hombres se perciben 8 puntos porcentuales más capaces de detectar contenidos falsos que las mujeres, y quienes enfrentan dificultades económicas confían 12 puntos menos en su habilidad para discernir información veraz de la falsa.

73% de los encuestados confía en su propia capacidad para identificar desinformación, pero solo el 34% cree lo mismo de los demás, lo que podría diluir la responsabilidad colectiva, según estima PROLEDI. Por otro lado, el 28% admite haber creído recientemente en un contenido falso, principalmente difundido por Facebook, WhatsApp y TikTok.

La desinformación impacta desproporcionadamente a mujeres involucradas en la política, a los migrantes, a la población LGBTIQA+ y en el contexto costarricense a funcionarios del Poder Judicial. Todos ellos reportan distintos niveles de estigmatización, hostigamiento y temor a represalias en entornos digitales y físicos.

El informe también examina los planes de gobierno para las elecciones de 2026: de 20 candidaturas revisadas, solo 5 abordan explícitamente la desinformación, pese a la alta preocupación ciudadana por la cuestión.

La encuesta fue elaborada por vía telefónica con una muestra de 1001 ciudadanos mayores de 18 años entre agosto y septiembre de 2025. La realizó el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, con un margen de error de ±3% y de confianza del 95%, según reportó PROLEDI.

Cuatro sesiones tuvieron lugar entre septiembre y octubre de 2025 con grupos afectados (mujeres, LGBTIQA+, migrantes, judiciales) y 13 entrevistas semiestructuradas tuvieron lugar entre septiembre y noviembre de 2025, estas dirigidas a investigadores, directores de medios y líderes públicos.

Oscar Mario Jiménez Alvarado, Johanna Rodríguez López y Suráyabi Ramírez Varas son acreditados por el trabajo. Los tres forman parte del proyecto CríticaMente, que explora la circulación de contenidos falsos en redes sociales y sus consecuencias.

Recomendaciones

En base a estos hallazgos, el equipo recomienda, entre otros puntos, incorporar alfabetización mediática e informacional en el currículo escolar obligatorio desde primaria.

Asimismo abogan por regular plataformas tecnológicas de manera gradual y multinivel (tanto a nivel nacional nacional como internacional).

Una de sus metas declaradas es fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra la desinformación electoral, creando espacios permanentes de coordinación entre instituciones, partidos, medios y sociedad civil para respuestas ágiles.