Oposición rechaza objeciones y reafirma respaldo a expulsión de Nicaragua del CAFTA
Cinco colectivos opositores rechazaron el mensaje de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que instaban a mantener sanciones selectivas.
Expertos concuerdan en que la expulsión de Nicaragua del CAFTA tendría consecuencias devastadoras para el país.
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Un colectivo de organizaciones de la oposición nicaragüense en el exilio envió una carta dirigida a Jennifer Norton, consejera general de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en respaldo a la expulsión del país del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
La misiva, con fecha del 18 de noviembre y enviada a través del portal puesto a disposición de la Oficina para consultar al público sobre la medida, aborda la investigación sobre actos, políticas y prácticas que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto en Nicaragua en materia de derechos laborales, derechos humanos, libertades fundamentales y Estado de Derecho.
La investigación había encontrado al régimen culpable de violar estos derechos y libertades, y los investigadores recomendaban expulsar al país del CAFTA así como imponer un arancel de hasta el 100% sobre productos nicaragüenses que ingresen a Estados Unidos, potencialmente devastando a la economía nicaragüense.
La oposición insiste en que estas sanciones son el curso más adecuado para lidiar con los abusos de la dictadura en Nicaragua, dado que el régimen carece de la institucionalidad necesaria “para responder a presiones moderadas” y aseguró que bajo el sistema sandinista, es imposible distinguir entre el régimen y otros actores económicos.
“El régimen ha demolido el Estado de Derecho colocando bajo control familiar la Corte Suprema, la Asamblea, la Policía, el Ejercito, las aduanas y el sistema electoral. En un sistema así, la empresa privada no opera de manera independiente: opera bajo el permiso del estado-partido-familia“, reza el documento.
Esta valoración surge en respuesta al aporte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la consulta, que recomendaba continuar con las sanciones selectivas hasta ahora impuestas a individuos y algunas instituciones bajo control sandinista. En contra de esta propuesta, los colectivos opositores insisten en que el abordaje debe ser radical.
“Pese a más de 700 sanciones individuales impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, la represión en Nicaragua se ha intensificado. Las confiscaciones siguen aumentando y continúan los presos políticos y las desapariciones forzadas incrementándose, así como las torturas, las expulsiones y desnacionalización de ciudadanos”, apuntan los opositores.
“Las sanciones selectivas son efectivas cuando un gobierno teme costos políticos internos o cuando existen contrapesos. En Nicaragua no existe ni lo uno ni lo otro“, añade el comunicado.
Los opositores apuntaron además a los lazos que la dictadura en Nicaragua ha establecido con el rival geopolítico de Estados Unidos, la República Popular China, y a las violaciones a los derechos de propiedad y comerciales de empresas estadounidenses, en algunos casos con la cooperación de ciudadanos chinos.
“Es comprensible que algunas empresas teman la disrupción de operaciones en Nicaragua” a raíz de la expulsión, “pero no es moral ni responsable anteponer ganancias de corto plazo a los derechos de millones de nicaragüenses que ansían ser libres o a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos“, declaran los opositores.
La carta fue firmada por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), la Concertación Democrática Nicaragüense (Monteverde), Mesa Todos Somos Nicaragua (MTSN) y la Plataforma de la Unidad por la Democracia (PUDE), todas ellas llevadas al exilio por la represión sandinista.
