Ortega entrega soberanía a China para minería en áreas protegidas

En una maniobra que pone en jaque la soberanía nacional, el medio ambiente y los derechos de comunidades indígenas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha blindado la explotación minera de miles de hectáreas para empresas chinas con la aprobación de la polémica Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo.

La ley, aprobada el 5 de agosto de 2025, amplió la zona de seguridad fronteriza controlada por el Estado, pasando de 5 a 15 kilómetros. En la práctica, esto significa que el régimen ha puesto 20 mil kilómetros cuadrados de territorio, una extensión comparable a departamentos medianos del país, bajo su control directo, justo donde se encuentran codiciados yacimientos minerales.

Concesiones exprés a mineras chinas

La expansión del territorio bajo control del Estado permite al régimen otorgar concesiones sin obstáculos legales, consolidando la presencia china en Nicaragua.

Un día antes de que la nueva Ley de fronteras entraga en vigencia, el 4 de agosto, la empresa nicaragüense de capital chino Thomas Metal S.A., que es filial de la china Brother Metal (HK) Limited, recibió su tercera concesión minera en menos de una semana.

Desde el restablecimiento de relaciones con Pekín en 2021, la dictadura ha entregado un total de 744 476 hectáreas (7445 kilómetros cuadrados) para la extracción minera a un total de ocho empresas chinas.

Entre las empresas con concesiones están: Brother Metal S.A., representada por la empresaria china Xiaocun Bao; Zhong Fu Development S.A., representada por el empresario chino Feiwu Bian; y Linze Excelente Minería S.A. y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, ambas representadas por la empresaria china Lijun Dong.

Fuente: La Gaceta, diario oficial, acuerdos ministeriales del Ministerio de Energía y Minas (MEM)

En peligro áreas comunidades indígenas

Ambientalistas y defensores de derechos humanos han encendido las alarmas.

El biólogo Amaru Ruiz, de la cancelada Fundación del Río, sostiene a Nicaragua Actual que la nueva zona fronteriza y las concesiones chinas se superponen con Áreas Protegidas cruciales para la conectividad ecológica de Mesoamérica, como la Reserva Indio Maíz, Bosawás y los Refugios de Vida Silvestre. La minería a gran escala en estas zonas pone en riesgo los “corredores naturales de fauna”.

Con la nueva ley, la dictadura afecta a al menos 140 comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que habitan este territorio y dependen de sus recursos naturales.

Riesgo ambiental y social

La expansión de la franja fronteriza afecta reservas naturales y corredores ecológicos de Mesoamérica, incluyendo Bosawás, Indio Maíz, Río San Juan, Los Guatuzos y la Serranía de Dipilto y Jalapa.

Organizaciones locales también han reportado la presencia de ciudadanos chinos en comunidades del río Coco, quienes afirman tener permisos para explorar minerales, aunque no muestran documentación oficial.

Con la nueva ley, las comunidades ven cómo sus tierras y recursos quedan cada vez más en manos de empresas extranjeras, mientras el régimen Ortega-Murillo consolida su alianza con China a costa del territorio y la vida de los pobladores.

La Fundación Prilaka fue una de las denunciantes que reportó la presencia de ciudadanos chinos realizando exploraciones mineras sin documentación oficial ni acompañamiento estatal en comunidades a lo largo del río Coco, en la frontera con Honduras.

Fuente: Poder Judicial, texto normativo de la Ley 1258

El abogado ecuatoriano Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, calificó la Ley 1258 como una “barbaridad”, advirtiendo que podría ser una respuesta a presiones directas de Pekín para “formalizar y legalizar” sus actividades en Nicaragua, convirtiendo de facto estas zonas en “territorios soberanos chinos” que atentan contra la propiedad privada y la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses.

Las zonas donde operan las mineras chinas “pasan a ser como territorios soberanos chinos, bajo el régimen chino, derechos chinos, incluso con prácticas esclavistas chinas”, afirmó Alarcón.

La dictadura de Ortega-Murillo utiliza la Ley 1258 no solo para reforzar su control sobre el territorio, sino para facilitar un verdadero saqueo minero que beneficia a sus nuevos aliados, China, a costa de la riqueza natural y las comunidades históricamente asentadas en las zonas fronterizas.

Desde 2021, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha profundizado sus lazos con China, marcando un giro estratégico en la política exterior nicaragüense.

La reactivación de relaciones con Pekín permitió al régimen acceder a financiamiento, inversión extranjera y acuerdos comerciales, mientras reducía la dependencia de actores tradicionales como Estados Unidos y organismos multilaterales.

Este acercamiento ha incluido no solo convenios económicos, sino también cooperación tecnológica y militar, consolidando a China como un actor central en la región.

En paralelo, la presencia china en Nicaragua se ha extendido a sectores estratégicos como la minería, infraestructura y energía.

Sin embargo, mientras las empresas chinas han recibido concesiones y permisos en territorios fronterizos y zonas protegidas, el régimen Ortega-Murillo promueve reformas legales que facilitan estas operaciones. Expertos señalan que esta relación busca asegurar el control del Estado sobre recursos naturales y territorios estratégicos, al tiempo que fortalece la influencia política de China en Centroamérica.