Cierre de gobierno no frenará deportaciones en Estados Unidos, advierte Migración

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) comunicó que el cierre de gobierno en los Estados Unidos, efectivo desde la medianoche de este miércoles, 1 de octubre, no frenará los controles migratorios ni los operativos de deportación contra migrantes irregulares en territorio de ese país.

Así lo comunicó la agencia por medio de sus perfiles oficiales: “DURANTE UN CIERRE DE GOBIERNO: NO HAY CAMBIOS en las leyes ni el control migratorios. Los rumores de que un cierre de gobierno permitirá a migrantes ilegales entrar a Estados Unidos SON FALSOS“.

“El control migratorio y las leyes de los Estados Unidos permanecen sin cambios. Los esfuerzos de seguridad y control seguirán siendo estrictos y cruzar la frontera sin autorización es un delito“, insiste el comunicado, reforzando la agenda de deportaciones masivas que impulsa la administración republicana.

Un cierre de gobierno, en el contexto de la política estadounidense, supone una suspensión amplia de servicios públicos proporcionados por el gobierno federal por falta de consenso en la aprobación del presupuesto en el Poder Legislativo. Este cierre fue ocasionado por desacuerdos sobre la financiación de programas de salud pública.

El Partido Republicano, con mayorías tanto en el Congreso como en el Senado, necesitaba los votos de siete senadores demócratas para poder avanzar el presupuesto. El presidente Donald Trump se reunió con los líderes demócratas en el legislativo, Charles E. Schumer y Hakeem Jeffries el martes, sin lograr un acuerdo y aprovechando para ridiculizarlos en redes sociales.

La Casa Blanca responsabilizó al Partido Demócrata por el cierre, alegando que su intención era proporcionar servicios de salud a migrantes ilegales por sobre a ciudadanos “con dinero de impuestos“, en palabras del vicepresidente James David Vance. La oposición, por su parte, acusa al oficialismo de limitar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.

Una oportunidad para Trump

Bajo un cierre, todos los empleados no esenciales son suspendidos temporalmente y los trabajadores esenciales cumplen sus funciones sin pago, cobrando su salario total de forma retroactiva al resolverse el cierre. Más de 750 mil empleados públicos deberán laborar sin salario durante la duración del cierre.

Aunque los cierres de gobierno tienen obvios efectos adversos, en esta ocasión el presidente Trump insinuó la posibilidad de despedir permanentemente a cientos de miles de empleados del gobierno federal cuyas funciones considera superfluas o excesivamente costosas, una de sus promesas de campaña que quedó inconclusa tras enfrentar presiones de la oposición y el Poder Judicial.

El cierre permitiría a Trump realizar estos despidos sin consultar a los demás poderes del Estado, lo que parece ya estar en marcha. El director de la Oficina de administración y presupuesto, Russell Vought, se reunió con legisladores republicanos poco después de inicar el cierre para discutir recortes a la burocracia federal, según reportes de medios estadounidenses.

El último cierre de este tipo ocurrió durante la primera presidencia (2017-2021) de Trump, entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, el más prolongado de la Historia del país hasta la fecha. El cierre exhibe cuán polarizada se encuentra la política estadounidense, impidiendo incluso el funcionamiento habitual del Estado.