Reed Brody: “Ningún país en el mundo priva de la nacionalidad” como Nicaragua

Por: Expediente Público

Reed Brody, el abogado de derechos humanos que ha sentado en el banquillo de los
tribunales a dictadores como Augusto Pinochet, tiene un nuevo objetivo: que se juzgue al
dictador de Nicaragua Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad.

Entre las pruebas legales en la que trabaja Brody para concretar ese objetivo las da el mismo
régimen al desnacionalizar y dejar apátridas a miles de personas.
Desde enero de 2025, el llamado “cazador de dictadores” integra al Grupo de Expertos en
Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN), la entidad de Naciones Unidas que investiga
las graves violaciones a los derechos humanos del régimen de Ortega y su codictadora y
esposa, Rosario Murillo.

Brody reveló en entrevista con Expediente Público que busca que el régimen Ortega-
Murillo rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por violación a las
convenciones Sobre la Reducción de la Apatridia de 1961 y sobre el Estatuto de los Apátridas
de 1954.

Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información.

Están “instando a los Estados, que un Estado, un grupo de Estados, lleve a Nicaragua a la
Corte Internacional de Justicia por violación de ese tratado, al utilizar de forma sistemática y
como forma de represión política la desnacionalización”, afirma.

Reed Brody: Nicaragua comete los peores crímenes

El abogado Brody es reconocido por su arduo trabajo investigativo en casos en los que se ha
logrado poner a dictadores como el chileno Augusto Pinochet e Hissène Habré, de Haití, ante
la justicia.

“La cuestión de apatridia, y de apatridia de facto, es el tema más actual y sobre el cual
estamos trabajando más en este momento. No hay ningún país en el mundo que utilice la
privación arbitraria por razones políticas de la nacionalidad como lo hace el Gobierno de
Nicaragua. Ninguno”, denunció el abogado de la ONU.

“Hay otros países que expulsan a centenares de miles, pero no hay otro país que diga: ‘A vos,
vos opositor, candidato presidencial, exjefe guerrillero sandinista, exvicepresidente, escritor,
líder campesino, te quitamos la nacionalidad’. No, no hay ningún otro país. Y eso viola
abiertamente la convención de Naciones Unidas sobre la apatridia. No se puede hacer”,
apuntó Brody.

Nicaragua, un Estado de apatridas

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de Naciones Unidas.
Tiene su sede en La Haya, en Países Bajos, y, a diferencia de la Corte Penal Internacional
(CPI), que procesa crímenes de guerra o de lesa humanidad, aborda casos relacionados con
violaciones jurídicas internacionales.

También: Nicaragua convertida en fábrica de desterrados

La ONU apunta que, si se determina una violación jurídica, se puede exigir el cese de la
conducta ilícita, el reparo del daño causado y garantías de no repetición.

Una demanda ante la CIJ debe ser planteada formalmente por una delegación o delegaciones
de Estados, incluir alegatos y fundamentos jurídicos, así como documentos que demuestren
dichas violaciones. Esto implica la realización de audiencias públicas hasta que finalmente se
dé una sentencia definitiva.

Nicaragua adoptó, desde 2013, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961,
según el Decreto Legislativo 11-2013. Un año después, siempre bajo el régimen de Daniel
Ortega, se unió también a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

Más de 400 nicaragüenses declarados apátridas

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, en febrero de 2023 —diez años después de
sumarse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961— ordenaron el
despojo de nacionalidad de un primer grupo de nicaragüenses. Un total de 222 excarcelados
políticos, a quienes mantuvieron presos durante varios meses en diferentes cárceles de
Nicaragua, fueron expulsados del país en un vuelo directo a Estados Unidos y convertidos
oficialmente en apátridas.

También: Dictadura Ortega-Murillo ordena reforzar espionaje ciudadano en Nicaragua

En ese mismo mes, la dictadura sandinista también ordenó el despojo de nacionalidad de
otros 94 nicaragüenses, muchos de ellos activistas, defensores de derechos humanos,
opositores y periodistas que ya estaban en el exilio por la persecución que sufrían en
Nicaragua.

Estos primeros grupos fueron declarados traidores a la patria y se ordenó confiscar sus
bienes, utilizando leyes represivas como la Ley 1055 (Ley de Defensa a la Soberanía), y la
Ley 1145 (Ley Especial de Pérdida de Nacionalidad), aprobadas en 2020.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), tras conocerse esas primeras
desnacionalizaciones, apuntó que las reformas legislativas permiten “privar arbitrariamente a
una persona de la ciudadanía”, contraviniendo las “obligaciones que tiene el país en el marco
del derecho internacional y regional”.

Además, le recordó al Estado de Nicaragua que es parte de ambas convenciones y lo instó
desde entonces a “cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el disfrute del
derecho a la nacionalidad y tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia”.
De interés: La historia de 135 nicaragüenses desterrados y desnacionalizados

Pese al exhorto de ACNUR, en septiembre de 2024, nuevamente la dictadura Ortega-Murillo
expulsó —esta vez a Guatemala— a otro grupo de nicaragüenses: 135 prisioneros que
también mantuvieron encarcelados por motivos políticos. Todos estos también fueron
despojados de su nacionalidad.

Apatridia de facto

El abogado Reed Brody señaló que, adicional a la apatridia, en estos años de investigación
del GHREN han identificado que el régimen Ortega-Murillo también ha impuesto la apatridia
de facto a los nicaragüenses, resaltando que esta es quizás “más nefasta aún”.

Lea: Cómo la dictadura Ortega-Murillo usa la Dirección de Migración para reprimir

“En el último informe hemos dicho —creo que son 259 casos en los últimos años
documentados por nosotros— que los nicaragüenses han sido rechazados en la frontera, o
antes de subir a un avión, o estando en Costa Rica o en España. Yo vivo en España y conozco
mucha gente que ha tenido problemas en obtener o renovar su pasaporte, renovar sus
documentos. Y lo nefasto en esto es que no hay ningún decreto que diga ‘vos ya no sos
nicaragüense’”, denunció Brody.

El experto aseguró que, aunque estos casos “no cuadran dentro de la definición internacional
de apatridia, aunque tienen todas las características”, para los defensores de derechos
humanos esto “es equiparable a una persona apátrida”.

En el informe “Instituciones y personas responsables de los principales patrones de
violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”                                                                                                                                                                   presentado en abril pasado por el GHREN ante el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, se reveló que el régimen sandinista restringió el ingreso a su
país a 259 nicaragüenses entre 2021 y marzo de 2025.

Apátridas requieren apoyo de los Estados

Brody afirmó que, ante estas masivas y sistemáticas desnacionalizaciones ordenadas por el
régimen de Ortega y Murillo, los Estados receptores —donde las víctimas buscan refugio o se
quedan varadas ante la imposibilidad de volver a su país de origen— deberían, primeramente,
“entender la situación”.

“No se le va a pedir a la persona su documento porque se sabe que la persona no tiene acceso
a su documento. Habría que concientizar”, resaltó.

El experto del GHREN afirmó que, en el caso de Costa Rica, donde han tenido oportunidad
de conversar con los encargados de la Unidad de Refugio, conocen que a los nicaragüenses
“que no tienen sus documentos o ningún documento, pueden hacer una declaración jurada
para explicar su situación”.

“Creo que ese tipo de comprensión es muy importante, y es un trabajo de concientización”,
remarcó.

Explicó que, aunque se sale un poco del mandato que tienen como Grupo de Expertos, entre
sus recomendaciones incluyeron justamente algunas para los Estados. Entre esas, la petición
de que se “flexibilicen sus procedimientos de conceder el asilo u otros permisos, que sean
permisos de trabajo, homologar títulos, dar acceso a las necesidades”.

Además: Represión financiera bajo la orden del régimen Ortega-Murillo

“Sabemos que algunas personas se encuentran en desnacionalización de facto. Es imposible,
en nuestro mundo, vivir sin documento, que es lo que abre la posibilidad a la salud,
educación, seguridad social”, apuntó Brody.

Entre 2023 y 2024, el Gobierno de España —luego de conocerse públicamente las
desnacionalizaciones masivas de la dictadura sandinista— ha otorgado la nacionalidad
española a más de un centenar de esas víctimas mediante la figura de Carta de Naturaleza,
que permite acceder a la nacionalidad española por razones humanitarias, y es aprobada
especialmente para quienes enfrentan situaciones de apatridia o apatridia de facto.

El Gobierno de Costa Rica, en estos siete años de crisis sociopolítica de Nicaragua, también
ha sido fundamental en la recepción de nicaragüenses que huyen de la persecución de la
dictadura sandinista.

La ACNUR contabilizaba que Costa Rica había recibido más de 222,000 solicitudes de
refugio de nicaragüenses desde 2018 hasta marzo de 2025. Sin embargo, solo 9,216 de los
solicitantes han sido oficialmente reconocidos como refugiados.

ONU eleva escrutinio del régimen Ortega-Murillo

El abogado Brody aseguró que, aunque el régimen sandinista aparentemente valora que “lo
mejor es atrincherarse” y decir “no nos importa lo que piensa” la comunidad internacional
frente a las denuncias por graves violaciones a derechos humanos, cada vez hay más respaldo
de diferentes Estados del Consejo de Derechos Humanos para renovar el mandato del
GHREN y elevar la denuncia internacional.

El marginamiento por el que ha optado el orteguismo en el sistema de Naciones Unidas, en
los últimos años, para no enfrentar las denuncias que hay en su contra e intentar negar lo que
los expertos han comprobado, también ha incluido su salida de organismos asociados a la
ONU, entre estos, la ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También: Destierro de Nicaragua

El sandinismo también retiró su colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (Oacnudh) y con la Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El abogado Brody asegura que, pese a la actitud del régimen frente a las denuncias
internacionales relacionadas con las violaciones a derechos humanos, el Consejo de Derechos
Humanos “ha decidido elevar el escrutinio, y ahora vamos a presentar el informe en
septiembre, octubre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la otra liga”.

“Nicaragua se puede retirar del Consejo de Derechos Humanos, pero no se va a retirar de la
Asamblea General de Naciones Unidas”, sentenció Brody. Aunque, señaló, el régimen
sandinista puede que, cuando se haga dicha presentación, deje “vacía” la silla reservada para
Nicaragua en el pleno de la Asamblea.

Brody aseguró que le duele ver la situación que está pasando Nicaragua, pues es un país que
lleva en su corazón desde hace 40 años, cuando viajó a territorio nicaragüense para registrar
la contrarrevolución de los años ochenta.

“Llevo a Nicaragua desde hace 40 años en mi corazón. Pero este corazón está dolido de ver lo
que está pasando en Nicaragua”, afirmó. Además, resaltó que le duele mucho “ver que una
persona como Daniel Ortega, que se alzó en armas para derrocar a una dictadura familiar, ha
terminado creando la suya”.