Al menos en diez departamentos del país se registraron antes y durante las votaciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo, 35 detenciones “ilegales” por parte de la sancionada Policía Sandinista para sembrar el terror en la ciudadanía y no “amenazar” la farsa electoral que se ejecutaba el siete de noviembre.


Según la organización Urnas Abiertas solamente 9 personas han sido liberadas y 26 permanecen detenidas. Otras detenciones siguen en proceso de verificación.

“Desde días previos a las votaciones del siete de noviembre, venimos viendo un incremento de la violencia política, de hecho desde Urnas Abiertas hemos advertido como se observó una estrategia represiva que estuvo caracterizado por el asedio focalizado en determinados departamentos, es decir entre dos o tres días asediaban de manera permanente un departamento específico y este asedio focalizado está acompañado de allanamientos, de órdenes de citatorias, ya sea emitidas por el Ministerio Público o la Policía Nacional y detenciones arbitrarias por algunas horas e incluso de varios días”, expresó Olga Valle de Urnas Abiertas.

Según Valle los ciudadanos que fueron detenidos antes del siete de noviembre eran víctimas de largos y cansados interrogatorios, además de ser amenazados con la Ley de Ciberdelitos.

“Eran amenazados porque supuestamente llamaban al no voto, porque esto podía constituir un delito electoral, pero esto es mentira porque no contempla la Ley los delitos electorales para la ciudadanía en general”, dijo Valle.

Este monitoreo refleja que con estos niveles de persecución no hay posibilidad del desarrollo de elecciones libres, justas y transparentes.

“Esta es una de las razones por las que el proceso electoral debe considerarse ilegítimo”, dice Urnas Abiertas.

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